Verifactu aplazado hasta 2027: ¿qué es y cómo afecta a empresas y autónomos?

¿Qué es el sistema Verifactu?

Verifactu es el nombre abreviado del nuevo reglamento de facturación electrónica desarrollado por la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal. Esta normativa, aprobada en diciembre de 2023 (Real Decreto 1007/2023) al amparo de la Ley Antifraude 11/2021, establece requisitos técnicos obligatorios para los programas de facturación que utilizan las empresas y profesionales.

En concreto, Verifactu exige que cada factura se expida mediante software certificado que garantice la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Esto implica, por ejemplo, que el sistema genere un registro electrónico inviolable con una “huella digital” encadenada por cada operación, de forma que no se puedan alterar datos ni llevar contabilidades paralelas sin dejar rastro. Si bien el envío automático de cada factura a Hacienda no será obligatorio, la Agencia Tributaria podrá requerir esos registros y ha advertido que vigilará más de cerca a quienes no opten por remitirlos voluntariamente en tiempo casi real. El incumplimiento de las obligaciones Verifactu conllevará sanciones importantes, previstas de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal, lo que subraya la relevancia de esta medida en la lucha contra la facturación irregular.

¿A quién afecta la obligación?

El sistema Verifactu abarca a la gran mayoría de empresas y autónomos que emiten facturas en España. En la práctica, estarán obligados todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (sociedades mercantiles) y los profesionales o empresarios individuales que tributan en el IRPF por actividades económicas. Esto equivale a millones de pymes y trabajadores autónomos de todos los sectores. Quedan exceptuados únicamente algunos contribuyentes que ya cumplen obligaciones equivalentes mediante otros sistemas: por ejemplo, las grandes empresas acogidas al SII (Suministro Inmediato de Información) del IVA, ya que el reglamento Verifactu no se aplicará a quienes llevan sus libros de facturas a través de esa plataforma de declaración inmediata. En resumen, Verifactu está dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas y autónomos, para extender a ellos un control digital de facturación que las grandes compañías ya enfrentan por otras vías.

Plazos: del calendario original al aplazamiento a 2027

Inicialmente, la entrada en vigor de Verifactu estaba prevista de forma escalonada a lo largo de 2026. La normativa fijaba como fecha límite el 1 de enero de 2026 para que las empresas (personas jurídicas) adaptaran sus sistemas de facturación, y el 1 de julio de 2026 para los autónomos y pequeñas empresas (personas físicas). Esos plazos acaban de ser modificados: el Gobierno, mediante Real Decreto-ley aprobado el 2 de diciembre de 2025, ha retrasado un año la obligación de implantar Verifactu. El nuevo calendario otorga un año adicional de margen a los obligados, quedando las fechas así:

• Empresas (sociedades): obligatorio desde el 1 de enero de 2027 (antes era 2026).
• Autónomos: obligatorio desde el 1 de julio de 2027 (antes era 2026).

En otras palabras, la exigencia de usar software de facturación verificable se aplaza a 2027 para todos los sujetos obligados, lo que supone posponer en doce meses una medida que estaba al caer en 2026. Este cambio se formalizará en la normativa tras su aprobación en Consejo de Ministros y dará seguridad jurídica a empresas y profesionales sobre los nuevos plazos.

¿Por qué se ha aplazado Verifactu?

La decisión de Hacienda de posponer la entrada en vigor se debe a varios motivos conocidos. Por un lado, responde a acuerdos políticos recientes: el presidente del Gobierno anunció el aplazamiento como parte de los compromisos alcanzados con el partido Junts per Catalunya para facilitar la gobernabilidad. Es decir, el nuevo Ejecutivo central se comprometió a retrasar Verifactu a 2027 atendiendo a esta petición trasladada por dicha formación. Por otro lado, la medida atiende las reiteradas peticiones del tejido empresarial –especialmente desde organizaciones de autónomos y pymes– que venían advirtiendo de la dificultad técnica y el elevado coste de adaptar todos los sistemas de facturación en los plazos originalmente previstos. A pocas semanas de que la obligación entrase en vigor, el panorama era preocupante: según datos publicados a mediados de noviembre, solo un 8% de las pymes y autónomos había adaptado ya sus sistemas a Verifactu, y alrededor de un 15% se encontraba en proceso de hacerlo. La gran mayoría ni siquiera tenía claro si sus herramientas habituales (como hojas de Excel o facturas manuales) cumplirían los nuevos requisitos, lo que había generado incertidumbre y malestar en el pequeño empresariado. En suma, ante la combinación de un bajo nivel de preparación tecnológica en las empresas y la fuerte presión de los colectivos profesionales, el Gobierno optó por conceder un plazo extra para implantar la facturación digital de forma más gradual y ordenada.

Reacciones del sector empresarial y profesional

El aplazamiento hasta 2027 ha sido recibido con alivio por parte de empresas y autónomos. La reacción de los colectivos profesionales fue prácticamente inmediata tras anunciarse la medida. Lorenzo Amor, presidente de la federación de autónomos ATA (y vicepresidente de CEOE), celebró públicamente la noticia afirmando: “Por fin llega el sentido común. Se aplaza un año Verifactu. Un alivio necesario ante la avalancha de trámites que soportamos los autónomos”. Esta declaración resume el sentir de muchos pequeños empresarios: la moratoria de Verifactu supone un respiro en la carga de obligaciones inmediatas, evitando añadir más trámites en un momento de intensa presión administrativa. Organizaciones empresariales llevaban semanas reclamando esta prórroga por las dudas y el desconcierto que estaba generando. De hecho, ATA agradeció expresamente la “presión” ejercida por algunos partidos políticos (como Junts) para lograr este retraso. En general, las patronales consideran la prórroga como una victoria de la prudencia: permitir que la digitalización de la facturación se haga con más tiempo de adaptación, minimizando impactos negativos en el día a día de negocios pequeños. No se han reportado oposiciones significativas al aplazamiento dentro del sector privado; por el contrario, predomina la sensación de alivio y la expectativa de que el año extra se aproveche para prepararse mejor.

Consecuencias prácticas y próximos pasos

En términos prácticos, el retraso de Verifactu da un margen adicional a empresas y autónomos para adaptarse a la facturación electrónica certificada. Durante 2026, estos contribuyentes ya no estarán obligados a cambiar inmediatamente sus sistemas, evitando así inversiones precipitadas en software o posibles sanciones el próximo año. Muchas microempresas y profesionales dispondrán de más tiempo para informarse, actualizar sus programas de facturación o recurrir a soluciones gratuitas ofrecidas por la Administración (como la aplicación de facturación básica que la AEAT ha puesto a disposición de quienes emiten pocos comprobantes). Desde el punto de vista de Hacienda, la meta final permanece intacta: en 2027 todos los negocios deberán emitir facturas de forma digital y segurizada, de modo que el control del IVA sea mucho más eficaz y se dificulte el fraude. Fuentes del Ministerio de Hacienda subrayan que este aplazamiento no altera el objetivo último de la medida —reforzar el control tributario y reducir la economía sumergida—, sino que busca asegurar una implantación ordenada y sin sobrecostes innecesarios, dando tiempo a que las empresas, los desarrolladores de software e incluso la propia Administración ultimen los preparativos. En otras palabras, la prórroga “da oxígeno” a miles de pymes y autónomos, atendiendo una demanda casi unánime de sus representantes, y evita que la nueva obligación se convierta en una carga añadida en un contexto económico todavía marcado por la inflación y una elevada burocracia. Se espera que, con este nuevo plazo hasta 2027, el tejido empresarial pueda afrontar la transición digital de su facturación con mayor preparación, planificación y soporte, cumpliendo finalmente con Verifactu sin los sobresaltos que se temían para 2026.