El vino, uno de los bienes más preciados de nuestra tierra está sometido a una fuerte regulación por parte de las administraciones públicas. Son numerosos los controles y registros que lo regulan y más teniendo en cuenta que se trata de un producto que es objeto de la Ley de Impuestos Especiales.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta ley busca la denominada tributación en destino, es decir, que el impuesto especial sobre el vino se pague en el país donde se consuma. Además, es la Unión Europea quién establece el porcentaje mínimo de tributación de estos bienes en concepto de impuestos especiales. Los grandes productores del sur de Europa, entre los que se encuentra España, han peleado para conseguir que este porcentaje mínimo sea el más bajo posible. Esto trae como consecuencia que el artículo 30 de la Ley de Impuestos Especiales establezca el tipo de tributación para los vinos tranquilos y espumosos en el 0%.

Por otro lado, el vino está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, concretamente en su tramo más alto, el 21%. Con la peculiaridad que, si se sirve en el ámbito de la restauración (por ejemplo, dentro de un menú), tributa al 10% de IVA. Este impuesto se aplica al consumidor final, pero ¿cómo tributa el vino desde que nace hasta que llega al consumidor final?

En nuestra región, es una situación a tener muy en cuenta, ya que presumimos de ser una de las zonas donde se produce mayor cantidad de caldos y de las mejores calidades. Pues bien, la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece en su artículo 24 1º e) que están exentas del impuesto las entregas de bienes destinados a ser vinculados a un régimen de depósito distinto del aduanero y de los que ya estén vinculados a dicho régimen. Concretamente en el anexo de la propia Ley define el régimen de depósito distinto de los aduaneros:

“a) En relación con los bienes objeto de Impuestos Especiales, el régimen de depósito distinto de los aduaneros será el régimen suspensivo aplicable en los supuestos de fabricación, transformación o tenencia de productos objeto de los Impuestos Especiales de fabricación en fábricas o depósitos fiscales, de circulación de los referidos productos entre dichos establecimientos y de importación de los mismos con destino a fábrica o depósito fiscal.”

 Cuando una empresa se va a dedicar a la producción o distribución del vino, debe solicitar ante la Administración Tributaria lo que denominamos su número de CAE (Código de Actividad y Establecimiento), es decir, el número que le califica como depósito fiscal distinto del aduanero. Por tanto, todos los movimientos que se produzcan entre bodegas o distribuidores se encuentran dentro de este régimen y por lo tanto exentas de IVA.

Para el control tributario de estos movimientos, debemos presentar el modelo 553 de Declaración de operaciones en fábricas y depósitos de vino y bebidas fermentadas. En el que indicaremos e identificaremos tanto las existencias que tenemos, como las variaciones de litros de vino de las que contamos (producción, entregas intracomunitarias, exportaciones, ventas en territorio nacional…), siempre atendiendo a las clasificaciones que de estos bienes se hace en la Ley de Impuestos Especiales.

Pero el control sobre este producto tan “especial” no solo queda en la Administración Tributaria, sino que son varios los modelos y organismos sobre los que tenemos que rendir cuentas. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, creado mediante la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con la finalidad de controlar los derechos y obligaciones establecidos en dicha Ley, instruyendo o iniciando el procedimiento sancionador si detecta infracciones a la misma.

Pues bien, es a través de la denominada declaración INFOVI (obligatoria para los productores de vino) donde debemos facilitar a esta agencia los datos sobre nuestros vinos, distinguiendo entre tintos, rosados, blancos, litros a granel o embotellados… y al igual que con la Administración Tributaria, detallando todos los movimientos que se produzcan en nuestro almacén.

Pero el control del vino todavía va más allá. El hecho de pertenecer a una Denominación de Origen Calificada (DOC Rioja), nos obliga a tener un control todavía más exhaustivo de nuestros movimientos, teniendo que presentar ante el Consejo Regulador los libros de existencias, los cuales deben coincidir con la información facilitada al resto de organismos públicos.
De todo ello habló Mercedes Jubera en Radio Ya: