La salida del Reino Unido de la Unión Europea está generando una gran incertidumbre en las empresas que mantienen relaciones comerciales con empresas británicas, ya sea como proveedores o como clientes.

En la actualidad no se sabe qué va a ocurrir y, en caso de salida del Reino Unido de la Unión, no se tiene ninguna certeza de la fecha en la que ésta se haría efectiva. No obstante, se alcanzó un acuerdo para que dicha salida fuese lo más ordenada posible, dentro del inevitable revuelo que ésta supondría, para tratar de mitigar el gran impacto económico que puede llegar a suponer. En ese acuerdo se estableció un periodo transitorio de adaptación en el que todavía se seguiría aplicando la normativa europea en materia aduanera, pero como dicho acuerdo no ha sido ratificado por ambas partes, la salida puede producirse de forma directa, sin acuerdos y sin plazos.

Esta nueva posibilidad generaría una situación de inseguridad tanto jurídica como económica, por lo que es necesario, ante la posibilidad de que esto ocurra, que las empresas vayan tomando medidas para poder regular las relaciones comerciales con empresas del Reino Unido en la medida de lo posible.

Una de las recomendaciones puede ser que los contratos se pacten con una duración muy corta. Esto puede generar dificultades en la negociación de algunos contratos de suministros o de distribución, ya que siempre se realizan con idea de continuidad y de permanencia; pero, en la situación actual sobre el Brexit, la corta duración en los contratos nos permitirá volver a negociar otras condiciones en función de cuáles sean las circunstancias de la salida, sea ésta negociada o no.

También hay que poner la lupa en la más que posible fluctuación de la libra. Por ejemplo, en un contrato de distribución es posible que el precio pactado sea en libras y que el día de cobro la cantidad obtenida sea inferior a la que se había previsto en la negociación. Para evitar esta situación tome la cautela de pactar el precio en euros, ya que la fluctuación será menor. Si no es posible cambiar la moneda, también se puede establecer un mínimo y un máximo en la diferencia de cambio y que sea la empresa británica quien asuma la diferencias y que estas diferencias nos permitan además la opción de rescindir el contrato.

Hay que tener en cuenta aspectos tales como los aranceles, la legislación que se aplicaría o los tribunales competentes en caso de discrepancias. Es más que probable que, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se establezcan aranceles que afecten a productos que se compren o se vendan a empresas británicas. Por este motivo es muy recomendable que en los contratos de compra venta de mercancías, suministros o distribución se refleje que, si como consecuencia del Brexit aparecen determinados aranceles, los costes de los mismos serán asumidos en su totalidad por la empresa británica.

En caso de que la salida se lleve a cabo con acuerdo habrá un periodo transitorio en el cual se seguirá aplicando la normativa europea. Pero si, por el contrario, la salida se produce sin acuerdo, lo más probable es que la normativa europea deje de aplicarse, por lo que es recomendable que en los contratos que se firmen con las empresas del Reino Unido se acuerde que, aunque éste salga de la UE, tanto la ley aplicable en la relación comercial como la normativa serán las de la Unión Europea. De igual modo será conveniente acordar que, en caso de conflicto, los tribunales competentes serán los de España, o los de cada estado miembro que tenga relaciones comerciales con el Reino Unido.

Todo esto puede suponer un freno en la negociación de los contratos, pero, en general y a modo de resumen, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

  • El plazo de los contratos (lo más cortos posibles).
  • La divisa en el cobro /pago (mejor en euros).
  • La aplicación en los contratos de la normativa europea (hacerlo constar de forma expresa).
  • Que, en caso de conflicto, los tribunales competentes sean los de España.

Sólo podemos esperar a que se resuelva y clarifique esta situación, la cual podría tener un alto impacto económico tanto para España en general como para la Comunidad Autónoma de la Rioja en particular, ya que hay que tener en cuenta que el Reino Unido es un gran importador de vino de Rioja.